El caso de Don Juan Ramírez, un adulto mayor de Puerto Vallarta que asegura haber sido despojado de la vivienda que construyó durante más de cinco décadas, ha generado una amplia reacción en redes sociales y reavivado el debate sobre la protección legal del patrimonio de las personas mayores en México.
La controversia se hizo pública luego de que se difundieran videos del momento en que un actuario, acompañado por elementos de seguridad, ejecutó una diligencia judicial para desalojar al hombre del inmueble ubicado en Puerto Vallarta. En las imágenes, Don Juan afirma que confió en su hija, su yerno y su nieta para resolver una deuda cercana a los 400 mil pesos, pero sostiene que, durante ese proceso, la propiedad terminó registrada a nombre de su nieta sin que comprendiera plenamente las implicaciones de los documentos que firmó.
La difusión del caso provocó una ola de solidaridad hacia el adulto mayor y múltiples llamados para que las autoridades revisen a fondo el expediente. Sin embargo, días después, la nieta de Don Juan, identificada como Ihara Maday Rodríguez, difundió un video en el que rechazó las acusaciones y aseguró que el inmueble fue transferido legalmente mediante una figura jurídica conocida como dación en pago, como parte del apoyo económico que su familia brindó para cubrir las deudas de su abuelo. Según su versión, el procedimiento se desarrolló durante varios años, fue formalizado ante notario y posteriormente derivó en diversos juicios civiles.
La profesionista también afirmó que el conflicto no comenzó recientemente, sino que se encuentra en tribunales desde 2022, cuando Don Juan promovió una demanda contra ella y sus padres. Además, denunció haber recibido amenazas y actos de intimidación tras viralizarse el caso, por lo que pidió que la controversia se resuelva exclusivamente por la vía judicial y no mediante señalamientos en redes sociales.
El caso ha llamado la atención de especialistas en derecho civil, quienes señalan que uno de los aspectos que podría analizar la autoridad es si existió o no un consentimiento libre e informado al momento de la firma de los documentos relacionados con la propiedad. Juristas explican que, cuando una persona celebra un acto jurídico bajo error, engaño, presión o sin comprender plenamente sus efectos, pueden actualizarse supuestos que eventualmente den lugar a la nulidad del acto, siempre que así lo determine un juez con base en las pruebas aportadas por las partes.
Hasta el momento, ninguna autoridad de Jalisco ha emitido una resolución definitiva sobre el litigio, por lo que la propiedad del inmueble y las acusaciones formuladas por ambas partes continúan sujetas al proceso judicial correspondiente. Mientras tanto, el caso ha trascendido el ámbito familiar para convertirse en un referente del debate sobre los mecanismos de protección patrimonial de las personas adultas mayores y la necesidad de reforzar las garantías legales para evitar posibles abusos en este tipo de operaciones.
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